El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Coyhaique en contra del diputado por la Región de Aysén, Miguel Ángel Calisto Águila (Independiente-Demócratas/Amarillos), por su eventual responsabilidad en el delito de fraude al Fisco, en el marco del uso indebido de asignaciones parlamentarias.
La acción judicial también se dirige contra Carla Graf, Roland Cárcamo y Felipe Klein, a quienes se les acusa de haber participado en maniobras destinadas a desviar fondos públicos, específicamente dineros provenientes de las asignaciones parlamentarias, con fines no contemplados por la Ley de Presupuestos de la Nación.
Según los antecedentes recopilados por el CDE, Carla Graf –en colusión con el diputado Calisto– habría suscrito una serie de contratos por prestación de servicios para apoyar la labor parlamentaria, recibiendo pagos a honorarios que se incrementaron progresivamente sin justificación ni respaldo que acreditara el cumplimiento efectivo del trabajo contratado.
El organismo asegura que existen antecedentes que indican que Graf no era reconocida por el equipo de trabajo del diputado en la Región de Aysén, por lo que se concluye que nunca prestó los servicios por los cuales fue contratada. Esta situación, según señala el CDE, era conocida y aceptada por el diputado Calisto.
En total, se habrían desembolsado más de 100 millones de pesos en honorarios a la imputada, ocasionando un perjuicio directo al Fisco. Asimismo, el Consejo sostiene que se identificaron transferencias de dinero entre los imputados Graf, Cárcamo, Klein y el parlamentario, en coincidencia con periodos de campañas políticas, lo que hace presumir que estos fondos públicos fueron desviados para el financiamiento de actividades proselitistas y otros fines personales.
El Consejo de Defensa del Estado acusa que estas acciones configuran una conducta dolosa, en la que los involucrados habrían faltado a sus deberes y vulnerado la probidad en el uso de recursos públicos.
