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Tras el fallo de la Corte Suprema que ordenó retrotraer el proceso, la Comisión Regional de Uso del Borde Costero volvió a votar las solicitudes de Espacio Costero Marino para Pueblos Originarios (ECMPO) en Aysén, profundizando el conflicto entre comunidades indígenas y la industria acuícola por el control de más de 620 mil hectáreas.
La Comisión Regional de Uso del Borde Costero de Aysén (CRUBC) reiteró su posición de rechazar las solicitudes de Espacio Costero Marino para Pueblos Originarios en el área de Islas Huichas y Cisnes, ingresadas por las comunidades Antünen Rain y Pu Wapi, respectivamente. Estas solicitudes buscaban el reconocimiento de un amplio territorio costero con base en uso consuetudinario.
Las peticiones abarcan más de 621 mil hectáreas, lo que generó preocupación de distintos sectores por su impacto en actividades económicas como la pesca y especialmente la salmonicultura.
El proceso no estaba cerrado: la Corte Suprema de Chile había decretado que los rechazos de 2024 carecían de fundamentación técnica y jurídica suficiente, calificando los actos como “ilegales, arbitrarios y discriminatorios”, obligando a retrotraer el procedimiento y emitir una decisión fundada conforme a la Ley Lafkenche.
La cita de la CRUBC se realizó en un clima de críticas cruzadas entre comunidades solicitantes y representantes de sectores productivos, que insisten en que la eventual aprobación podría afectar concesiones marítimas vigentes y frenar futuros proyectos de inversión en la región.
